Judicial Nación

Imputaciones por corrupción en el Sistema de Administración de Penas

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La voz de alerta sobre la corrupción judicial en el sistema de administración de penas se prendió luego de que la Fiscalía develara los graves hechos de corrupción en el departamento de Meta. Como se recordará, en el mes de julio de 2017 en ese departamento, la Fiscalía evidenció que una red criminal al servicio de la delincuencia organizada, compuesta por servidores públicos y particulares, ofrecía beneficios judiciales y maniobras jurídicas para brindarles libertad provisional o definitiva, así como detención domiciliaria a los delincuentes.

En desarrollo de esta investigación macro, se logró establecer que una estructura criminal ha venido ejecutando pagos de dineros a servidores públicos de varias instituciones del Estado como despachos judiciales, alcaldías municipales, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y cárceles municipales, entre otras, a partir del trabajo inescrupulosos de profesionales del Derecho que contactan a personas privadas de la libertad con detención en centros de reclusión de máxima y mediana seguridad a nivel nacional, para ofrecerles sus servicios profesionales y obtener el ilícito traslado a cárceles municipales, donde recuperan  la libertad a su antojo y no cumplen su pena en las condiciones exigidas por la justicia y por la sociedad.

La modalidad utilizada para efectuar este actuar delictivo, consistía en la presentación por parte de abogados de acciones de tutelas con sellos de reparto presuntamente falsos, acreditaciones de vecindad ajenas a la realidad, dictámenes médicos del Instituto Nacional de Medicina Legal que se sustentarían en información falsa, cartas cupos espurias por parte de secretarios de Gobierno y directores de cárceles y certificaciones de testigos fallecidos, entre otras estrategias.

Se destaca que la gran mayoría de las personas privadas de la libertad favorecidas según la investigación, purgan penas o medidas por delitos de alto impacto como: concierto para delinquir, tráfico/fabricación o porte de estupefacientes, homicidios agravados y lavado de activos, entre otros. La mayoría de ellos son exintegrantes de grandes carteles, clanes del narcotráfico y estructuras criminales que representan alta peligrosidad frente a la sociedad, u otros actores que a pesar de no estar involucrados con estos grupos al margen de la ley, tienen un poder económico elevado y/o son personalidades públicas

En esta operación denominada “Los Tutelantes”, las actividades adelantadas por la policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Cali en sus diferentes áreas, permitió la consecución de material probatorio y evidencia física importante, con los que se solicitaron, en el día de ayer, 24 órdenes de captura, de las cuales hemos materializado hasta el momento 14. Entre las personas capturadas se encuentran accionantes, testigos falsos, abogados litigantes de alto prestigio, servidores públicos de alcaldías municipales (Florida y Miranda), personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (lnpec), particulares y exintegrantes de carteles de narcotráfico.

Finalmente, cabe destacar que a la fecha, tanto el Juez 25 Penal Municipal de garantías de la época, CÉSAR ALPIDIO BLANDÓN JARAMILLO y el médico de Medicina Legal, ANDRÉS FELIPE MONCAYO JIMÉNEZ, aceptaron su responsabilidad frente a estos hechos.

Las investigaciones sobre el sistema de administración de penas se concentran en diferentes regiones del país y darán lugar a nuevas actuaciones en varias fases cuyas conclusiones se conocerán en el curso de las próximas semanas.